Universidad Diego Portales
Abril 2009

1.- En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Juan Guzmán a participar en este seminario. Es un agrado estar aquí compartiendo con todos ustedes y con tan distinguidos panelistas. 

 2.- la primera reflexión que quiero hacer es que históricamente las grandes intervenciones militares en política que han tenido lugar en Chile se han realizado cuando la clase política se ha mostrado incapaz de solucionar los problemas que aquejan al país y en todos los casos, ha sido esa misma clase política la que ha pedido su intervención.

 3.-.y, que siempre, luego de superada la crisis, los gobiernos han resuelto el problema de los derechos humanos dictando leyes de amnistía, teniendo en cuenta el bien común, la paz social y la unidad nacional.

 4.- Repasemos un poco lo que dice la historia:

 a) Pasada la guerra de la Independencia y consolidada la República, Chile se vio enfrentada a dos revoluciones políticas, la de 1851 y la de 1859 donde se enfrentaron dos bandos, los que luchaban contra el excesivo autoritarismo y centralismo del gobierno y deseaban ampliar la libertad electoral y aquellos –que estando en el gobierno- defendían el poder presidencial. Cuando en 1861 el recién electo Presidente, José Joaquín Pérez, llegó a La Moneda, una de sus primeras tareas fue zanjar las odiosidades y los deseos de venganza, amnistiando a “todos dos los individuos que desde el año 1851 a la fecha hubieren sido o pudiesen ser enjuiciados por razón de delitos políticos”. Con ello puso término a las responsabilidades personales originadas por las tropelías cometidas en dichas revoluciones y obligó a todos a mirar hacia delante.

 b) El caso más emblemático, tuvo lugar en el año 1891, cuando la crisis institucional llegó a su punto culminante debido a una larga pugna entre el Presidente y el Parlamento.  Los partidarios de ambos bandos, solicitaron la intervención de las Fuerzas Armadas, pero a diferencia de 1973, éstas se dividieron, generándose un mal mayor, nada menos que una guerra civil que tuvo como consecuencia más de 10 mil bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos. Fue tal la magnitud del conflicto, que superó en bajas a las algo más de siete mil que causó la Guerra del Pacífico. Si las FFAA se hubieran mantenido unidas, la  guerra civil con todas sus dramáticas secuelas se hubiera evitado, pero se hubiera impuesto de modo incruento, el bando que hubiera recibido el apoyo militar, único poseedor en ese tiempo de la fuerza armada.

 Como consecuencia de su derrota, el Ejército -él mismo que había sido condecorado por sus actos gloriosos en la guerra del Pacífico-, fue disuelto y reemplazado por uno afín a los vencedores, mientras que la  población civil, a lo largo de la contienda e inmediatamente después, sufrió los vejámenes, abusos y saqueos inherentes a todo conflicto de esta naturaleza, desde que el mundo es mundo.

Pero, ¿qué hizo el gobierno triunfante, encabezado por el capitán de navío Jorge Montt?

-Dictó cuatro sucesivas leyes de amnistía:

La primera, fue promulgada el 26 de diciembre de 1891 – esto es, el mismo día en que asumió la Presidencia de la República – dejando sin responsabilidad penal “a los participantes en los sucesos políticos desde el 1º de enero hasta el 29 de agosto de 1891”, señalando taxativamente las excepciones.

La segunda, promulgada en febrero de 1893, amnistiaba a los almirantes y jefes de la Armada no comprendidos en la ley de 1891.”

El mismo año 1893 se dictó una tercera ley, otorgando “amnistía para los delitos políticos no comprendidos en las leyes anteriores”.

Por último, el año 1895, una cuarta ley de amnistía de carácter general, cerró para siempre todas las responsabilidades personales que pudieran haberse generado con ocasión de la guerra civil.

 De las arbitrariedades atribuibles al bando vencedor, nadie dijo una palabra. Ni en ese momento ni después, pero el resultado práctico de estas leyes se hizo notar, cuando pasado unos años, los balmacedistas volvieron en gloria y majestad a la vida política y el país volvió a la normalidad.

 Ya en el siglo XX

c) En 1924, una nueva crisis enfrentó al gobierno con la oposición. Con el fin de sacar adelante su programa de gobierno que era sistemáticamente frenado en el Senado, El presidente, Arturo Alessandri se acercó a los militares para que le dieran su apoyo. Sin embargo, lo que no tuvo en cuenta “al jugar con fuego” es que el Ejército había sufrido una rápida evolución desde el año 1891. Los instructores prusianos llamados a modernizarlo entre 1893 y 1913, habían modelado una fuerza militar profesional y moderna, cuyos rasgos esenciales son visibles hasta hoy.

 En efecto, Alessandri y la clase política de la “república parlamentaria” no advirtieron que la modernización del Ejército había producido una diferencia sustantiva entre el alto mando, herencia del Ejército Congresista, y la oficialidad formada en la Escuela Militar, Escuelas de Armas y Academia de Guerra. Este nuevo cuerpo de oficiales, del grado de teniente coronel hacia abajo, tenía una formación muy superior incluso a la que recibían los universitarios, y, en otro plano muy importante, el moral, se sentían infinitamente más patriotas que la oligarquía que había dirigido el país sin contrapeso desde 1891.

En definitiva, estaban convencidos de saber lo que había que hacer para abordar la problemática social, los problemas limítrofes y  la reforma que requería urgentemente el Estado para encauzar las aspiraciones de la emergente clase media, a la cual pertenecían. oficiales.

¿Qué ocurrió entonces? Sin disparar un tiro, el 5 de septiembre de 1924, la oficialidad joven neutralizó al presidente, hizo aprobar en tan sólo un día, las leyes sociales que llevaban años tramitándose, sacó del país al presidente y cuando lo estimó necesario lo hizo volver seis  meses más tarde para que terminara decorativamente su período. El  poder real  siempre lo tuvo  Ibáñez, ejerciéndolo  desde el Ministerio de Guerra. De ahí a la presidencia había un paso, siendo  elegido para ese cargo en 1927, con el apoyo de todas fuerzas políticas, menos los comunistas.

  Pero lo interesante es que, en 1925 cuando Alessandri volvió, quiso sanear el ambiente y también promulgó una ley de amnistía en beneficio de “los condenados o procesados por incidentes posteriores al 5 de septiembre de 1924”.

 d) Luego de la caída de Ibáñez -el 26 de julio de 1931, se produjo un vacío de poder que se procuró llenar con una serie de experimentos políticos: gobiernos que duraban pocos días, una República Socialista, golpes de caudillos militares, el alzamiento de la Escuadra, etc.. También en este período anárquico y con la finalidad de pacificar la sociedad, se recurrió a la amnistía como medio de dejar atrás las odiosidades. Así lo hizo el presidente Juan Esteban Montero, al dejar sin efecto los delitos contra la seguridad del Estado. En 1932 el general Arturo Puga, miembro de una volátil Junta de Gobierno, hizo lo mismo pero con mayor amplitud, comprendiendo a “todos los procesados por delitos de carácter político”.

 4.- Así llegamos al golpe o a la intervención militar de 11 de septiembre de 1973, para denominarla con la forma acordada en la Mesa de Diálogo.

 –  Aquí es necesario detenerse un poco más.  En primer lugar, decir que lo que ocurrió el 11 no fue una casualidad, sino la culminación de una grande y profunda crisis de Chile y su sociedad. Tampoco fue un cuartelazo al estilo latinoamericano, tan común, en el cual un jefe o algunos jefes militares con mando de tropa, por ambición política personal, se apoderan del gobierno. Fue un acto institucional de las Fuerzas Armadas que como tales no tenían ninguna ambición política, y no la tenían desde los años 30, después de cosechar los amargos frutos de la caída de Ibáñez. Las FFAA estaban perfectamente conformes dentro de sus cuarteles y su única preocupación era estar bien preparadas para cumplir su objetivo primordial de defensa.

 Sin embargo, desde el momento en que la Revolución Cubana comenzó a gravitar sobre el proceso político chileno- por lo menos 10 años antes de la intervención militar de 1973 – el ala más radicalizada de la izquierda percibió a las Fuerzas Armadas como un enemigo que era posible y necesario vencer para lograr implementar su proyecto de sociedad.  Algo de razón tenían porque las FFAA han sido históricamente anticomunistas. Pero con todo, ellas no intervinieron cuando Allende asumió el poder en 1970, sino cuando, conscientes que el camino elegido por su gobierno llevaba al país a la conformación de un proyecto de sociedad totalmente incompatible a la tradición chilena, sintieron que era su deber moral hacerlo.

 No menor fue también el temor a que se produjera una división de sus fuerzas. Hasta ese momento se mantenía la unidad interna y todos ellos sabían que si ella flaqueaba sería inevitable la guerra civil. Porque, aunque parezca de Perogrullo, no puede haber guerra civil entre civiles. La guerra civil implica que los cuerpos armados se dividan- El ejército, sobretodo, tenía claro que por lealtad a la autoridad constituida y por respetar el principio portaliano de que ellos no discutían cuestiones políticas ni constitucionales, habían terminado en 1891 participando en una tragedia que querían evitar a toda costa. Pensemos que el 29 de junio de 1973 se produjo el Tanquetazo que dejó en evidencia que había sectores de las FFAA dispuestas a derribar a la Unidad Popular, sin esperar órdenes de los generales o del Alto Mando.     

 Influyeron también otros hechos. Aparte del desorden y del caos, el desabastecimiento y la violencia, el atropello a las personas y al derecho, gravitó sobre los mandos superiores el Acuerdo de la cámara de Diputados del 23 de agosto de 1973, en que ésta les exigió el cumplimiento de su función esencial como garantía última de la supervivencia del Estado.

-Ahora bien, cuando un órgano como el de la Cámara que representa el poder legítimo de la ciudadanía solicita el auxilio del brazo armado del Estado, es obvio que asume que éste procederá según su propia naturaleza y medios. Sus miembros se formaron en la Academia de Guerra, no en la Academia Diplomática, y actuaron haciendo lo que sabían hacer. Neutralizar al adversario con la máxima celeridad y al mínimo costo de víctimas.

 Obviamente nada hubiera pasado si es que no hubiera habido a quien combatir. Pero lo había. Todos tienen en la retina los combates que se libraron en La Moneda, en el centro de Santiago y como la guerra abierta, luego se sumergió. Un grupo no menor, escogió la modalidad del enfrentamiento armado que se conoce como guerra irregular y a éstos se les combatió con las mismas armas. 

 Las FFAA chilenas no estaban preparadas para esa guerra irregular y creo que ello explica mucho de lo que pasó. Durante la segunda mitad el siglo XX, muchos países fueron escenario de este tipo de enfrentamiento. (Desde la guerrilla comunista en la Indochina Francesa al Perú de Sendero Luminoso, pasando por Argelia, Afganistán y Angola) Se trata de conflictos originados por motivos diferentes y en culturas distintas. Pero en ninguna fue posible respetar cabalmente los Derechos Humanos. Ni los derechos de los subversivos ni los de la fuerza legítima del Estado. Esta es la evidencia empírica, lo que la Historia recoge.

Ahora, al igual que en los gobiernos anteriores, el Gobierno Militar – siguiendo la tradición cívica de Chile – quiso cerrar con una amnistía el período extraordinario por el que había atravesado el país. Al efecto dictó el Decreto Ley Nº 2198, de 10 de abril de 1978 e invocando esa disposición legal, fueron amnistiados 11.013 personas, de ellos 9.552 subversivos.

 – Posteriormente el presidente Patricio Aylwin, en las últimas horas de su mandato, indultó o envió al extranjero, extrañados, a 258 subversivos condenados por los Tribunales de Justicia y responsables del asesinato o heridas graves a 760 hombres de las Fuerzas Armadas y Carabineros, entre ellos el general Carol Urzúa, el coronel Fontaine, el teniente coronel Roger Vergara, el teniente Zegers y los 5 escoltas del presidente Pinochet, que murieron  en septiembre de 1976, proclamado el año decisivo por el Partido Comunista.  

– Lo ocurrido más tarde, esto es, aplicar castigo por la violación a los Derechos Humanos exclusivamente a los agentes del Estado, en este caso, integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, es algo inédito y todavía no puede ser objeto de un juicio histórico concluyente. Hay mezclados allí una concepción instrumental de los DDHH, una fuerza ideológica muy potente y un escenario internacional, como fue la guerra fría, de la cual lo ocurrido en Chile fue sólo una batalla, que no volverá a repetirse. Dicho sea de paso, a nadie se le ocurrió aplicar la lógica chilena de los DDHH en los estados ex comunistas y de hecho, el dirigente máximo del régimen más odioso de los satélites soviéticos, Eric Honnecker, fue acogido en Chile por el mismo gobierno que, al mismo tiempo instruía a la Corte Suprema acerca como debía interpretarse la ley de amnistía de 1978.

 Para terminar, quiero reiterar mis agradecimientos por esta invitación y decir que falta todavía mucha información que recoger sobre este tema. Hay muchos documentos, acuerdos secretos, memorias, etc. que irán siendo conocidas por el tiempo. Solo ahí podremos tener una visión más completa y desapasionada de porqué y a qué precio se omitió cumplir con la amnistía de 1978, dejando abierta hasta el día de hoy las heridas producidas hace 35 años.